Impertinencias varias

SURda

 

 

Samuel Blixen

Foto: A.Arigón

Qué tal si el gobierno toma los 4 mil millones de dólares que tiene depositados en el exterior y con ellos impulsa una inversión en Estados Unidos, por ejemplo para fabricar boleadoras, reclamando privilegios y beneficios como los que se conceden en Uruguay a los inversores extranjeros? ¿Qué tal si compramos 4 mil millones en tierras para criar carpinchos, pongamos por caso?

Nos van a decir que no, que no están interesados en ninguna inversión con privilegios; y sobre las tierras ni soñar, porque allá la concentración está limitada para los extranjeros.

Haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Por eso el Departamento de Agricultura de Estados Unidos se permitió presionar al gobierno uruguayo alertando que el impuesto a la concentración de inmuebles rurales, el famoso impuesto a la tierra, podría desestimular las inversiones.

Con el problema que tienen en Afganistán, con la recesión y el desempleo, no se entiende que le dediquen atención a un impuesto que va a recaudar apenas 60 millones de dólares en un país que queda más o menos por ahí, en el sur.

A menos que esta iniciativa no sea tan intrascendente: hay una sintonía entre la Asociación Rural, la Federación Rural, la derecha política y el Departamento de Agricultura para poner el grito en el cielo.

¿Por qué tanto ruido si, como dice el ingeniero Martín Buxedas –hasta hace poco director de políticas agropecuarias del Ministerio de Ganadería–, el impuesto"en líneas generales, en relación con el objetivo anticoncentrador, tiene una eficiencia muy limitada"? En una entrevista concedida al portal Sala de Redacción, Buxedas explicó que al productor que obtiene rentas de 120 a 300 dólares por hectárea, "un impuesto de ocho, diez dólares a alguien que arrienda a 150, no lo afecta". Pero sí sería efectivo en "las concentraciones a altísimos niveles", un fenómeno que tiene dos caras: por un lado, concentración; por otro, tranjerización.

Buxedas señala que los extranjeros que vienen aquí "no son aquellos que después de mucho trabajar compran una chacrita, sino que son grandes empresas y fondos (de inversión) que adquieren 10, 20, 50, 100 o 250 mil hectáreas".

Si dejamos de lado a los terratenientes de la vieja guardia, que hacen ganadería extensiva en 10 mil hectáreas con bajísima rentabilidad, el impuesto a la tierra termina siendo, al fin y al cabo, un problema casi exclusivo para la gran inversión, sean las trasnacionales de la forestación o los que arriendan para la megaexportación de soja.

Fue tal la desfachatez del Departamento de Agricultura que el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, se sintió en el derecho de calificar de "impertinentes" las advertencias de esa oficina estadounidense.

"Así como a Estados Unidos no le gusta que se inmiscuyan en sus asuntos internos, en Uruguay tampoco nos gusta que esas cosas ocurran, desde ningún ámbito, ni económico, ni político o de cualquier tipo", dijo el ministro al término de un almuerzo con directivos de la Asociación Rural en el que, precisamente, defendió el proyecto de impuesto a la tierra. El ministro recibió quejas, también, de la minera de capitales indios Aratirí, cuyos representantes en Uruguay se manifestaron "sorprendidos" y "preocupados" al enterarse de que su emprendimiento –una proyectada inversión de 3 mil millones de dólares– no recibirá las exoneraciones previstas en la ley de promoción de inversiones, lo que implicaría que, de concretar la explotación de yacimientos de hierro, deberá pagar el impuesto a las rentas de actividades económicas (IRAE).

La decisión del gobierno de que las explotaciones mineras no se beneficiarán de las exoneraciones fiscales contempladas en la ley de promoción de inversiones fue comunicada a la comisión multipartidaria sobre megaminería por el subsecretario de Economía, Luis Porto.

La Cámara de Minería del Uruguay, que agrupa a un selecto grupo de empresas extranjeras, también manifestó su sorpresa por este "cambio de las reglas", y sus voceros coincidieron con Aratirí en que se daba por descontado que los emprendimientos de explotación minera quedaban amparados por los beneficios de la ley de inversiones.

El subsecretario Porto fundamentó la postura del gobierno: la megaminería es una industria extractiva de un recurso no renovable y que ocupa gran tamaño; para aplicar las exoneraciones previstas en la norma, el gobierno considera que la ganancia social de la inversión debe ser mayor a la del privado que la realiza.

Porto aclaró que los beneficios se concederían si una empresa invierte en la industrialización del hierro o de otro mineral que se extraiga en Uruguay. Quizás este sea el inicio de un proceso de modificación de la relación con los grandes capitales de inversión directa. Las reglas de juego se impusieron al comienzo del gobierno de Tabaré Vázquez y supusieron, como dice el ingeniero Buxedas, "una apertura total a la inversión extranjera", sin ningún tipo de condicionamientos. "Si la empresa es grande, chica o mediana, entra igual.

El ingreso es irrestricto. Hasta tal punto que no es necesario que se identifiquen." Los términos de los primeros tratados de inversión condicionaron, según legisladores oficialistas, todos los acuerdos restantes: "si una pastera recibe una zona franca, las restantes que vengan exigirán lo mismo", explicaron, y ello hace difícil modificar la ecuación. En cambio, no habiendo antecedentes en materia de minería, el gobierno pone otras condiciones.

De hecho, casi todas las grandes inversiones incumplen esa norma de que la ganancia social debe ser mayor a la privada, pero será muy difícil modificar lo que ya está hecho. Pero con la megaminería se da un paso. Claro que habrá que aguantar las presiones y las "advertencias".

 

Fuente: http://www.brecha.com.uy/inicio/item/9150-impertinencias-varias